En España, como en algunos países de la Unión Europea, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos sigue creciendo. Tanto, que la Junta Internacional de fiscalización de estupefacientes señala a España como el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiacepinas. La falta de acceso a tratamiento psicológico no ayuda a que la situación mejore.
Varias entidades financieras de países europeos han suministrado grandes cantidades de dinero a empresas productoras de aceite de palma responsables de los incendios ilegales y posiblemente de la deforestación en Indonesia.
España mantiene abiertos 91 hospitales dedicados a la salud mental y varios de ellos, situados en las regiones más ricas, cuentan todavía con un número muy elevado de camas, pese a que una ley de 1986 prevé su cierre. Además, la falta de profesionales y de recursos lastra la atención de los trastornos mentales graves.
Un informe realizado por la Comisión Europea con datos facilitados por Eurostat ha revelado que hay más mujeres que hombres con ingresos inferiores al 60 % de la renta media, lo que provoca una brecha de género en lo concerniente a la pobreza y a la exclusión social, tanto en edad activa como durante la vejez.
En lo concerniente a la situación laboral y a la estabilidad mental, los jóvenes son los más perjudicados en Europa, según ha revelado un informe realizado por Eurofound.
La Unión Europea oscila entre la defensa de la salud y la defensa del monopolio de la industria farmacéutica. La UE se niega a liberalizar la producción de vacunas a riesgo de entorpecer la inmunización colectiva necesaria para la recuperación económica. Primera parte de una investigación formada por tres partes.
En muchos países europeos la cobertura psicológica en el sistema sanitario es inadecuada o incluso inexistente. En España, las largas listas de espera y la falta de recursos, entre otros, empujan a los pacientes con ansiedad o depresión al sistema privado (si lo pueden pagar).
Cada vez existe más representación femenina en los parlamentos de los países europeos, pero no de manera homogénea.
Las compañías farmacéuticas están abiertas a colaboraciones piloto con terceros para producir vacunas contra el coronavirus, pero se niegan a compartir sus licencias y beneficios. Los gobiernos de la UE se quejan de la falta de vacunas, pero no cuestionan la organización monopolística de la producción.
Se está construyendo un «fuerte europeo» gracias a un despliegue masivo de recursos. Según muestra un nuevo informe del Corporate Europe Observatory (CEO), el resultado es que la agencia de fronteras Frontex prefirió los intereses corporativos a los derechos humanos.
