La Agencia de Ciberseguridad es la encargada de construir una defensa común, sin fisuras, contra los ciberataques en la Unión Europea. Y aunque en sus inicios lo tenía todo en contra para lograrlo, remodelación tras remodelación ha conseguido erigirse en la punta de lanza de Bruselas contra los cibercriminales.
La crisis de la covid-19 ha dado el empujón definitivo a la sociedad digital. Gran parte de nuestro día a día sucede ahora en el entorno digital, lo que provoca que los Estados miembros sean mucho más vulnerables a los ciberataques. Para neutralizarlos, la Comisión Europea presentó en diciembre de 2020 su nueva Estrategia de Ciberseguridad.
Muchas comunidades incumplen el mínimo establecido en la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud y racanean con el número de intentos, la edad máxima o imponiendo requisitos extra.
Los Estados miembros han interpuesto 880 sanciones desde que la norma comenzó a aplicarse, en mayo de 2018, pero la batalla contra las grandes tecnológicas acaba de estallar. Si la UE no quiere perderla, tendrá que lograr la implicación, traducida en inversión y cooperación, de todos sus miembros.
Los vetos en muchos países europeos llevan a miles de personas al extranjero para acceder a las técnicas de reproducción asistida. En algunos casos, se ven obligadas a hipotecarse para poder costear los tratamientos.
La situación es mucho más difícil para personas trans e intersex. Además de la barrera legal, el escollo puede ser también económico: la mayoría de los sistemas públicos de salud cubre solo una parte, tienen listas de espera muy largas o criterios estrictos de acceso.
Nacionalizar empresas ha dejado de ser un tema tabú en la Unión Europea. Tras las privatizaciones de los años noventa y principios de siglo, la crisis económica de 2008 devolvió el protagonismo a la propiedad estatal, y ahora el coronavirus ha abierto la puerta de las principales empresas europeas al capital público. Pero en el nuevo amanecer de las compañías estatales, países como España se descuelgan de las potencias de la Unión.
En principio, el periodo 2020-2021 en Europa iba a marcar un hito en la lucha contra los residuos plásticos, uno de los problemas más urgentes de nuestro siglo, pero la llegada del nuevo coronavirus con sus mascarillas, guantes y embalajes anticontagio amenaza con hacernos dar un paso atrás.
La regulación del Parlamento Europeo tiene un fuerte carácter voluntario. Frente al 90% de los eurodiputados suecos, daneses o finlandeses que informan de algún encuentro con grupos de interés, solo uno de cada diez parlamentarios griegos, polacos y búlgaros lo hacen.
Los encuentros con decenas de asistentes y miles de funcionarios europeos quedan por debajo del radar del registro de transparencia de la UE. La patronal de la industria farmacéutica EFPIA es uno de los lobistas más activos; en menos de año y medio desde el inicio de la pandemia han tenido tantas reuniones con altos cargos de la Comisión como en los cinco años anteriores.
