En la práctica, las leyes sobre transparencia en Europa chocan con la aplicación arbitraria de límites, la falta de recursos o la escasez de respuesta de las administraciones, cuyos incumplimientos caen en saco roto.
Solo dos países de la Unión Europea confirman que disponían de reservas estratégicas de la vacuna más efectiva y segura contra este virus, muy próximo al que en su día causaba la viruela humana.
En España, la tasa de suicidios de las personas internadas a la espera de juicio es 23 veces más alta que la de la población general y 1,58 veces mayor que la de los presos condenados.
Quienes llegan de Ucrania lo hacen bajo el paraguas del sistema de protección especial ultrarrápido, pero los sistemas de acogida ordinarios acumulan cientos de miles de solicitudes pendientes y un porcentaje alto de rechazos.
La compensación que se ofrece en España oscila entre los 800-1.200 euros. Si se tiene en cuenta el salario mínimo, equivale a 3,5 semanas de trabajo.
Muchas comunidades incumplen el mínimo establecido en la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud y racanean con el número de intentos, la edad máxima o imponiendo requisitos extra.
Los vetos en muchos países europeos llevan a miles de personas al extranjero para acceder a las técnicas de reproducción asistida. En algunos casos, se ven obligadas a hipotecarse para poder costear los tratamientos.
La situación es mucho más difícil para personas trans e intersex. Además de la barrera legal, el escollo puede ser también económico: la mayoría de los sistemas públicos de salud cubre solo una parte, tienen listas de espera muy largas o criterios estrictos de acceso.
En España, como en algunos países de la Unión Europea, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos sigue creciendo. Tanto, que la Junta Internacional de fiscalización de estupefacientes señala a España como el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiacepinas. La falta de acceso a tratamiento psicológico no ayuda a que la situación mejore.
España mantiene abiertos 91 hospitales dedicados a la salud mental y varios de ellos, situados en las regiones más ricas, cuentan todavía con un número muy elevado de camas, pese a que una ley de 1986 prevé su cierre. Además, la falta de profesionales y de recursos lastra la atención de los trastornos mentales graves.
