En la práctica, las leyes sobre transparencia en Europa chocan con la aplicación arbitraria de límites, la falta de recursos o la escasez de respuesta de las administraciones, cuyos incumplimientos caen en saco roto.
En España, la tasa de suicidios de las personas internadas a la espera de juicio es 23 veces más alta que la de la población general y 1,58 veces mayor que la de los presos condenados.
En España, 8614 presos, el 15% de la población reclusa, estaban encarcelados a principios de 2021 en prisión provisional.
Quienes llegan de Ucrania lo hacen bajo el paraguas del sistema de protección especial ultrarrápido, pero los sistemas de acogida ordinarios acumulan cientos de miles de solicitudes pendientes y un porcentaje alto de rechazos.
Muchas comunidades incumplen el mínimo establecido en la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud y racanean con el número de intentos, la edad máxima o imponiendo requisitos extra.
Los vetos en muchos países europeos llevan a miles de personas al extranjero para acceder a las técnicas de reproducción asistida. En algunos casos, se ven obligadas a hipotecarse para poder costear los tratamientos.
La situación es mucho más difícil para personas trans e intersex. Además de la barrera legal, el escollo puede ser también económico: la mayoría de los sistemas públicos de salud cubre solo una parte, tienen listas de espera muy largas o criterios estrictos de acceso.
El 17 de abril, viernes, la ocupación de las calles volvió a subir en Europa hasta superar el 40% de lo habitual por primera vez en el último mes.
El gobierno español ha anunciado que pretende bajar el IVA de las compresas y tampones en los presupuestos de 2019. La ley europea permite desde 2007 reducir la conocida como tasa del tampón, aunque países como Hungría, Suecia y Dinamarca siguen imponiendo una tasa general a estos productos.
