Desde 1971, el porcentaje de superficie afectada por riesgo meteorológico alto o superior ha pasado de ser el 20% a ser casi el 40% de toda Europa. No obstante, existen grandes diferencias entre cómo afecta este riesgo a los diferentes países.
En España, la tasa de suicidios de las personas internadas a la espera de juicio es 23 veces más alta que la de la población general y 1,58 veces mayor que la de los presos condenados.
En España, 8614 presos, el 15% de la población reclusa, estaban encarcelados a principios de 2021 en prisión provisional.
Muchas comunidades incumplen el mínimo establecido en la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud y racanean con el número de intentos, la edad máxima o imponiendo requisitos extra.
Los vetos en muchos países europeos llevan a miles de personas al extranjero para acceder a las técnicas de reproducción asistida. En algunos casos, se ven obligadas a hipotecarse para poder costear los tratamientos.
La situación es mucho más difícil para personas trans e intersex. Además de la barrera legal, el escollo puede ser también económico: la mayoría de los sistemas públicos de salud cubre solo una parte, tienen listas de espera muy largas o criterios estrictos de acceso.
En España, como en algunos países de la Unión Europea, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos sigue creciendo. Tanto, que la Junta Internacional de fiscalización de estupefacientes señala a España como el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiacepinas. La falta de acceso a tratamiento psicológico no ayuda a que la situación mejore.
España mantiene abiertos 91 hospitales dedicados a la salud mental y varios de ellos, situados en las regiones más ricas, cuentan todavía con un número muy elevado de camas, pese a que una ley de 1986 prevé su cierre. Además, la falta de profesionales y de recursos lastra la atención de los trastornos mentales graves.
En muchos países europeos la cobertura psicológica en el sistema sanitario es inadecuada o incluso inexistente. En España, las largas listas de espera y la falta de recursos, entre otros, empujan a los pacientes con ansiedad o depresión al sistema privado (si lo pueden pagar).
La COVID-19 ha paralizado la asistencia sanitaria en salud mental, ya muy debilitada. Antes de la pandemia, España solo había puesto en marcha varios programas piloto de telemedicina en algunas zonas y estaba a la cola europea en el número de psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
