Pocas palabras suscitan tanta desconfianza en Europa como “nacionalizar”. El sueño húmedo de la izquierda más socialista es también la peor pesadilla de la derecha. Unos dicen que el Estado debe garantizar servicios básicos como la energía, el transporte o el agua, y participar en sectores estratégicos como la banca o la aviación; otros, que eso es propio de regímenes comunistas y que es mejor que el mercado se autorregule. El último ejemplo de este eterno debate surgió en España este mismo enero, cuando la ola de frío provocada por la borrasca Filomena coincidió con una subida histórica de la factura de la luz .

Con todo, las empresas públicas viven un nuevo amanecer en la Unión Europea. La crisis económica de 2008 puso fin a décadas de privatizaciones y liberalismo, y el coronavirus ha confirmado el cambio de tendencia. “No dudaré en utilizar todos los medios disponibles para proteger a las grandes empresas francesas. Eso se puede hacer mediante la recapitalización, adquiriendo acciones, e incluso puedo usar el término ‘nacionalización’ si es necesario”, llegó a afirmar el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, en marzo del pasado año.

Países como Hungría y Polonia ya estaban reforzando desde hace años su estructura empresarial pública para ganar autonomía y debilitar la propiedad extranjera , pero otros como Alemania o Francia han cambiado su discurso recientemente y de forma radical. En el país germano, la participación estatal en empresas privadas se había visto durante años como una violación de la ortodoxia del libre mercado , pero en mayo el Gobierno rescató a la aerolínea Lufthansa con 9.000 millones de euros a cambio del 20% de sus acciones. Las cosas han cambiado, y el renovado entusiasmo por las empresas públicas en el Viejo Continente ha llegado para quedarse.

De Thatcher a Podemos: privatizar o nacionalizar

La Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial empujaron a muchos Gobiernos a adoptar un rol más activo en la economía . Las empresas públicas se adentraron en nuevos mercados estratégicos para corregir posibles desequilibrios y perseguir el interés público. Más allá de las telecomunicaciones, el servicio postal, las aerolíneas o el ferrocarril, en teoría más eficientes con un proveedor o monopolios naturales, los gobernantes empezaron a prestar más atención a sectores como el de las manufacturas. Un ejemplo de estas nuevas inversiones es la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT ), fundada en 1950 por el desaparecido Instituto Nacional de Industria y privatizada en 1986.

Tal era la popularidad de las empresas públicas a finales de los años setenta que ningún dirigente habría pensado proponer la privatización de una compañía. Hasta que llegó Margaret Thatcher. La primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990 revolucionó la economía británica, hasta los ochenta muy controlada por el Estado, y su éxito inspiró al resto de países europeos a adoptar políticas liberales. A la desregulación y la privatización emprendidas por Thatcher pronto se unió la caída de la Unión Soviética en 1991, lo que acabó por echar por tierra el auge de las empresas estatales.

Desde los años ochenta hasta principios de los 2000, el contexto económico estuvo marcado por las privatizaciones. La propiedad estatal se consideraba una lacra, un obstáculo hacia la eficiencia del mercado, y países como Austria, Dinamarca, los Países Bajos, España o Suecia comenzaron a desarrollar sus propios planes de reestructuración de entidades públicas . Sin embargo, los planes más ambiciosos se pusieron en marcha a partir de 1993, el año de consolidación de la unión económica y monetaria europea introducida por el Tratado de Maastricht en 1992.

No en vano, la venta de empresas públicas generó en la UE el equivalente al 7,1% del producto interior bruto (PIB) de los Estados miembros entre 1993 y 2002. En Maastricht, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron establecer el requisito de mantener un déficit público por debajo del 3% del PIB para poder formar parte de la Unión Europea, una regla que muchos dirigentes aprovecharon para justificar sus privatizaciones masivas.

Pero, al igual que pasó con la moda nacionalizadora surgida tras la Segunda Guerra Mundial, la privatización también tocó fondo, en este caso ante la crisis económica de 2008. El hundimiento de gran parte de la economía europea le devolvió la iniciativa al Estado, espoleado además por el resurgimiento de la propiedad estatal china. Aunque la participación pública en el mercado había caído en China en las últimas cuatro décadas, el “capitalismo de Estado” de Xi Jinping llevó en 2014 a que 67 de las 69 empresas chinas que figuraban entre las quinientas compañías más grandes del mundo fueran estatales. La balanza no estaba equilibrada, Europa no competía en igualdad de condiciones.

En los últimos quince años, a base de nacionalizaciones como la de los bancos Commerzbank en Alemania en 2009 o Bankia en España en 2012 , la empresa pública ha recuperado terreno en la UE, pero no lo suficiente para algunas fuerzas políticas. Es el caso del partido izquierdista Unidas Podemos en España, que defiende la creación de una empresa pública de energía y una banca estatal . Más allá de posicionamientos políticos, el entramado empresarial público español es uno de los más débiles de la UE, y si el mismo debate no surge en otras naciones es porque ya existen empresas públicas fuertes.

La pandemia impulsa la propiedad estatal, pero no en todos los países

Apenas un mes después de rebajar las condiciones para que los países miembros inyectaran dinero público a las empresas para aliviar la crisis de la pandemia, en abril de 2020, la Comisión Europea modificó el Marco Temporal de ayudas estatales para permitir que los Estados entraran en el capital de sus compañías. Es un precedente que choca con la disciplina financiera de Bruselas —defensa del libre mercado y la menor intervención estatal posible—, pero la crisis arreciaba y las principales potencias económicas de la UE ya se planteaban nacionalizar algunas empresas emblemáticas.

Desde entonces, las capitales europeas han destinado una cantidad ingente de dinero para mantener a flote su tejido empresarial, principalmente a través de desgravaciones fiscales, subsidios, préstamos, garantías de préstamo y, a partir del visto bueno de la Comisión, compra de acciones. Además, no sería de extrañar que muchas empresas no pudieran hacer frente a la devolución del importe prestado y los impagos desembocaran en canjes de deuda por acciones o incluso expropiaciones. De momento, el Marco Temporal de ayudas estatales estará vigente hasta diciembre de 2021.

Si los bancos fueron las principales compañías objeto de nacionalizaciones en la última crisis económica, ahora es el turno de las aerolíneas. La Comisión Europea ya ha aprobado ayudas públicas a cambio de participaciones en Alemania, con 9.000 millones de euros para Lufthansa y 1.250 millones de euros para TUI ; Finlandia, 286 millones para Finnair ; Letonia, 250 millones para airBaltic ; o Dinamarca y Suecia, con 1.000 millones entre los dos para SAS . Italia estuvo a punto de recapitalizar Alitalia, pero optó por crear una nueva aerolínea sustituta, Ita .

Francia, por su parte, aún no se ha decidido a nacionalizar ninguna empresa y se ha limitado a inyectar 5.000 millones de euros a Renault y 7.000 millones a Air France . Con todo, su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, anunció a principios de año que “lo peor está por venir” y que espera “más quiebras en 2021 que en 2020” . “No los abandonaremos; pondremos el dinero que se necesite”, avisó.

Si bien devuelven protagonismo a la empresa pública, estos movimientos también amenazan con partir en dos el mercado único europeo. La propiedad estatal está lejos de ser simétrica en la Unión, y la inversión pública en empresas privadas alemanas no ha tenido su réplica en países como España. Más bien todo lo contrario: de las ayudas públicas que la Comisión aprobó hasta junio del pasado año, el 51% pertenecían a Alemania y el 4,8% a España . No en vano, la vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, trató de evitar a toda costa que Bruselas diera luz verde a la nacionalización de empresas , un término que no trae buenos recuerdos en Madrid.

La experiencia negativa de España en los años setenta y ochenta, cuando se rescató a multitud de empresas públicas al borde de la quiebra para evitar el coste político de su caída, aún pervive en el imaginario de sus dirigentes. En los noventa, las pérdidas derivadas de esas operaciones dificultaron la entrada de España a la unión económica y monetaria de la UE, que no permitía a sus miembros tener un déficit público superior al 3% del PIB, cuando el español rondaba el 4% . La respuesta de Madrid fue una privatización masiva de empresas públicas, con más de 120 compañías liberalizadas desde 1985 , para situarse a la cola de Europa tanto en trabajadores que emplean sus empresas públicas, con apenas el 0,8% del empleo total, como en su peso económico, con un 4,43% del PIB.

Esas deficiencias son más evidentes en el sector energético: en 2014, la participación de compañías de propiedad estatal en la capacidad total de generación de energía era del 5% en España, solo por delante de Portugal, mientras que en Italia era del 22%, en Alemania del 30% y en Francia del 70%. Por si fuera poco, de toda la UE, solo España y Portugal no cuentan con al menos una empresa de propiedad pública mayoritaria en el campo de la generación y transmisión de electricidad estatal, regional o provincial. Por el contrario, Francia posee la mayoría de las participaciones en Areva (88,41%), líder mundial en energía nuclear, y EDF (84,94%), primer productor y distribuidor de electricidad en Europa, al igual que Italia en Enel Green Power (69,17%), líder mundial en energías renovables.

El debate sobre la gestión y la forma de las empresas públicas parece tener aún mucho recorrido en la UE, pero aquel sobre la conveniencia o no de su existencia puede darse por zanjado. Si todas las miradas apuntan hacia el Estado en épocas de crisis como la del coronavirus, en periodos de bonanza no tendría por qué suceder lo contrario, sobre todo cuando crece la preocupación sobre la seguridad nacional y la autonomía en sectores clave como el energético.