La Agencia de Ciberseguridad es la encargada de construir una defensa común, sin fisuras, contra los ciberataques en la Unión Europea. Y aunque en sus inicios lo tenía todo en contra para lograrlo, remodelación tras remodelación ha conseguido erigirse en la punta de lanza de Bruselas contra los cibercriminales.
Las agencias europeas desempeñan un papel de apoyo y coordinación en la ciberseguridad a nivel europeo. Sin embargo, en relación con reglamentos específicos de la UE, cada Estado miembro puede establecer sus propias secciones tanto para entidades privadas como para intereses nacionales más importantes.
La crisis de la covid-19 ha dado el empujón definitivo a la sociedad digital. Gran parte de nuestro día a día sucede ahora en el entorno digital, lo que provoca que los Estados miembros sean mucho más vulnerables a los ciberataques. Para neutralizarlos, la Comisión Europea presentó en diciembre de 2020 su nueva Estrategia de Ciberseguridad.
Los países europeos se pasaron meses debatiendo sobre cómo gestionar los datos recopilados por las aplicaciones de rastreo. La falta de consenso, junto con el lanzamiento de Apple y Google de su propio sistema, impidió el lanzamiento de un protocolo único entre los Veintisiete. Pero lo cierto es que Europa priorizó siempre la protección de los datos de los usuarios.
Los Estados miembros han interpuesto 880 sanciones desde que la norma comenzó a aplicarse, en mayo de 2018, pero la batalla contra las grandes tecnológicas acaba de estallar. Si la UE no quiere perderla, tendrá que lograr la implicación, traducida en inversión y cooperación, de todos sus miembros.
Se están tomando medidas para aumentar la transparencia en el tratamiento de datos personales de los usuarios en Internet, pero los principales anunciantes digitales siguen utilizando prácticas intrusivas que intentan influir en el comportamiento de las personas. La regulación europea sobre protección de datos podría mitigar el problema, pero su aplicación es limitada.
Digital platforms often trick users into giving up their personal data or buying particular products. These “dark patterns” go against European legislation, but authorities are struggling to combat them.
The measures adopted by some Balkan countries to contain the pandemic have raised perplexity in associations and researchers who deal with privacy and digital rights. Emergency actions, derogating from the national rules of law, could translate into mass surveillance tools.